La reiteración de un trámite para tratar a usuarios de drogas revela la falta de espacios para quienes resisten la rehabilitación. Son casos complejos de pacientes que ya no pueden recibir contención familiar. Una demanda que va en aumento.
El aumento en los niveles de adicción a drogas de jóvenes y adolescentes no sólo se refleja en las estadísticas de consumo y en una creciente búsqueda de espacios de rehabilitación. Como caja de resonancia de un fenómeno más vasto y complejo, los Tribunales provinciales reciben por día de uno a tres pedidos de familiares para gestionar internaciones en la salud pública o privada. Son situaciones urgentes, cuando el consumo se vuelve problemático y supera la capacidad de contención del entorno del paciente. Si bien se activa en casos extremos, es un trámite cada vez más requerido y que deja al descubierto falencias en el sistema de salud para el tratamiento de las adicciones.
La magnitud de esa demanda es constatada por los operadores judiciales que tramitan a diario pedidos de ese tipo. Impacta de lleno en la dinámica de las defensorías civiles, el primer eslabón al que llegan los familiares pidiendo una intervención urgente por problemas de adicción. Con épocas de subas y bajas, llegan entre uno y tres pedidos de internación por día a los juzgados de Familia en turno. Y la entrevista a pacientes con consumo problemático de drogas representa «el 50 por ciento del trabajo» en materia civil que realiza el equipo del consultorio médico forense.
El trámite consiste en un pedido de traslado compulsivo a un centro asistencial cuando el enfermo representa un riesgo para sí o terceros. La ley de salud mental, sancionada hace dos años, considera a las adicciones una problemática de salud y garantiza la atención en los servicios sanitarios.
Defensores, jueces y forenses aclaran que, a nivel judicial, la gestión se limita a resolver un traslado en una urgencia. Pero opinan que el fenómeno es revelador de huecos en el sistema de salud. Para el juez de Familia Nº 5, doctor Marcelo Molina, es la expresión de un «cuello de botella» en el tratamiento de las adicciones en efectores de salud. «En la salud pública no existe una oferta a nivel nacional, provincial o municipal de lugares para internar a personas con esta problemática», señaló.
«La ley obliga, el Estado no provee.
«La ley de salud mental reconoce el derecho del enfermo a curarse de la adicción y a tener el tratamiento a cargo de una obra social o cualquier prestador de salud. Ocurre que no tenemos un servicio especial, adecuado y coordinado que se encargue específicamente del tratamiento de adicciones a sustancias», amplió.
Los traslados urgentes en casos complicados de adicción generalmente se solicitan como una medida de «protección de persona» o «pedido de traslado» y en Tribunales se tramitan del mismo modo que en los casos de crisis psiquiátricas. Con la nueva ley, las internaciones ya no son dispuestas por los jueces sino por los médicos: las deciden equipos disciplinarios de los centros de salud sin necesidad de una autorización judicial.
En estos casos, los familiares acuden a la Justicia cuando el consumidor incurre en conductas violentas, se lastima o ataca a sus allegados y se niega a ser derivado a un centro asistencial.
Lo que piden es un traslado compulsivo del paciente, que realiza la policía, para que lo evalúen profesionales de un centro médico y ellos dispongan si debe quedar internado.
La intervención judicial casi siempre termina con un traslado, pero la medida está lejos de poner fin al problema. En la mayoría de los casos, cuando el paciente fue compensado y superó la crisis se dispone que vuelva a su casa y el círculo vuelve al punto de partida.
A nivel de municipio, provincia y Nación, se entregan becas para subsidiar el tratamiento en lugares privados u organizaciones no gubernamentales —con sus propia lógica interna— que suelen trabajar con la modalidad de puertas abiertas. Es decir: requieren la voluntad del paciente para tratarse. Por lo que, en casos problemáticos y de resistencia al tratamiento, muchas familias se encuentran sin salida.
«En la mayoría de las instituciones no existen tratamientos compulsivos. No hay lugares donde el enfermo permanezca de manera involuntaria», «aunque no todos se concretan, la cantidad de pedidos es enorme».
EL TRÁMITE URGENTE
Los pedidos de traslado para internación se resuelven en el día. El trámite es iniciado en las defensorías civiles por ciudadanos sin recursos o de clase media. La solicitud es elevada a un Juzgado de Familia, donde se ordena la revisión de un forense. El médico se traslada a la casa del paciente para constatar la crisis y luego agentes policiales y del si se llevan al adicto a un centro de salud. En Tribunales hay guardias las 24 horas para casos de este tipo.´
LOS MÉDICOS FORENSES
El equipo forense de Tribunales atiende «entre cinco y diez casos por semana» de personas con consumo problemático de drogas a las que visitan para resolver si necesitan atención urgente. «Es el 50 por ciento de nuestro trabajo en materia civil».
«La mayoría de las veces vamos a la casa del paciente porque se niega la consulta. Lleva horas de trabajo. Casi siempre nos encontramos con una minimización del riesgo por parte del adicto», dijo.
Según Elías, el traslado compulsivo «es un tema espinoso: se trata de decidir la pérdida de la libertad ambulatoria de una persona. ¿Hasta dónde se debe respetar el libre albedrío de alguien que amenaza e insulta? Generalmente, optamos por el menor de los males».
El forense, indicó que en la mayoría de las visitas se encuentran con casos de adicción pura y, a veces, con trastornos psiquiátricos asociados como esquizofrenia, depresión o trastornos bipolares.
Los primeros pasos
